Una infección nacional – Parte 4

Paulatinamente los gobiernos fueron tomando medidas -prohibición de aglomeraciones, clausura de casas infectadas, cuarentenas de viajeros y mercancías- basados en su percepción de que la peste se transmitía de hombre a hombre. Si la peste era un castigo de Dios, urgía rogar clemencia. A tal fin las diócesis convocaron a procesiones. Las consecuencias fueron desastrosas. «A las tres de la tarde ingresaron a la iglesia todos los coros cantando salmos, entonando el Kyrie eleison por las calles de la ciudad. Mi diácono, que se encontraba presente, dijo que mientras la gente rogaba sus súplicas al Señor, ocho individuos cayeron al piso, muertos», recuerda Gregorio de Tours. Manzoni refiere otro caso similar: «Y he aquí que al día siguiente, cuando aún reinaba la presuntuosa confianza, y en muchos la fanática seguridad de que la procesión debía haber cortado la peste, creció el número de los muertos en cada clase y en cada barrio de la ciudad, tan excesiva y súbitamente, que pocos hubo que no encontrasen la causa de tan funesto aumento en la misma procesión […]». Buscando el perdón de Dios, se propagaba Su castigo. Marchando tras la imagen de la Virgen y rogándole por su salvación, el penitenciario avanzaba hacia su cadalso. La rigidez doctrinaria de la Iglesia le impedía ver con claridad el fenómeno del contagio, y su rigidez ritual en la organización del culto, basado en la concentración espacial en recintos cerrados o aglomeraciones multitudinarias, empeoraron la situación. Recién cuando el gobierno civil -que distribuye y reordena los espacios públicos y privados con mayor flexibilidad-  retomó su ius circa sacra y ejerció la prohibición de reuniones y aglomeraciones, el contagio menguó.

La medida más atroz que tomó la autoridad civil fue el encierro de los enfermos con sus familias en sus casas. El infectado no es un delincuente, ni el contagio es un delito. No hay culpa, sólo hay causa. Sin embargo, el enfermo inimputable representa un peligro más grave que el de cualquier delincuente y no debe circular libremente entre los sanos. Será, por lo tanto, privado de su libertad. Es más, quienes viven con el apestado también resultan sospechosos y deben ser aislados, aún cuando este encierro equivalga a su contagio y  muerte segura. Curso de peluqueria. El gobierno ya no actúa únicamente cuando posee certeza de la infracción de una ley; basta ahora la mera presunción de peligrosidad. Esta degradación epistémica es inevitable cuando el tiempo acucia. No se dispone de tiempo para verificar si el sospechoso está efectivamente contagiado, pues el daño de dejarlo suelto sería, si lo está, múltiple e irreparable. Samuel Pepys anota en su diario -el 11 de junio- el caso excepcional de su vecino, el Dr. Burnett, quien ni bien advirtió en él mismo los primeros síntomas de la enfermedad, tomó la precaución de encerrarse por propia voluntad en su casa, «lo que es muy generoso». En las Instrucciones necesarias para la prevención y cura de la plaga, la Corporación Médica de Londres adopta, con buen sentido, la hipótesis contraria: «Cabe suponer, debido a que cada uno desea su propia libertad, que nadie avisará contra sí mismo en caso de que sospeche que tiene la plaga, por lo tanto los inspectores deberán […]».curso de auxiliar de farmacia

 

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Autor: leiser-madanes

Leiser Madanes es doctor en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente se desempeña como profesor titular de Filosofía Política en la Universidad Nacional de La Plata. Su principal área de estudio es la filosofía moderna.

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